Peculado · Primera instancia · Apelada · No ejecutoriada
Ilegal. Injusta. Sin motivación.
Una condena por peculado sin contratos, sin perjuicio y sin pruebas. La valoración de toda la prueba de descargo ocupa 151 palabras y no nombra un solo documento. Ver el estado del proceso
del plan se ejecutó en sus dos primeros años, el período por el que se dictó la condena.
Informe de Fiscalización, Asamblea Nacional · Tabla 1, p. 58en 118 proyectos que el propio Estado despriorizó en 2024, con la misma facultad del Comité para priorizar.
Informes del MTOP, agosto de 2024 · Decreto 1042, art. 3.2es la suma de presupuestos de la Ley de Solidaridad asignados a 10 proyectos. No es un faltante.
Sentencia de primera instancia, párrafo 314¿Qué pasó el 16 de abril de 2016?
Un terremoto de magnitud 7.8 destruyó parte de Manabí y Esmeraldas. El Estado creó por decreto un Comité de Reconstrucción y planificó un presupuesto cercano a los 3.000 millones de dólares. Ese dinero lo puso el país entero: solo la Ley de Solidaridad recaudó 1.624 millones, destinados por ley a levantar esas dos provincias.
¿Por qué nació el caso?
No por obras inexistentes. No por dinero faltante. Nació porque a la Fiscalía no le parecieron los proyectos que el Comité priorizó. A eso le llamaron peculado.
¿Qué pasó en el juicio?
Se dictó sentencia de primera instancia: 13 años de prisión y 250 millones de dólares de reparación, por obras que son legítimas y que existen. Nunca se demostró apropiación de dinero público, ni beneficio propio, ni favorecimiento a terceros. Tanto es así que la sentencia no se apoya en un daño al patrimonio del Estado, sino en una supuesta afectación a la confianza pública.
¿A quién afecta este caso?
No solo a los sentenciados. Afecta a todas las familias que nunca recibieron las obras, y a todos los ecuatorianos a quienes se engañó con este caso. Instalada la idea de que se robaron los recursos, los fondos se retiraron, y muchos proyectos que un día estuvieron planificados jamás llegarán a las víctimas del terremoto.
El caso explicado, con la cronología completa y sus fuentes →
Las pruebas están aquí. Refútelas.
En el juicio se afirmó que se habrían entregado diez contratos por 165 millones de dólares a una empresa vinculada a la familia del secretario técnico del Comité. Un oficio del SERCOP, máxima autoridad de contratación pública del Ecuador, certifica que esa empresa nunca ha sido contratista del Estado ecuatoriano. Y el propio denunciante, obligado por una jueza constitucional, certificó que esos contratos no constan en sus archivos.
Si esos contratos existen, que se muestren. Hasta entonces, lo único que existe es lo que está documentado en esta página.
Las obras existen, y están en pie
Fotografías documentadas de las obras del plan de reconstrucción, con su sector y su cantón.
Análisis con cifras oficiales
Cada dato remite al documento del que sale.
Los documentos, completos
Fuentes primarias, con su número de oficio, abiertas y descargables.
Sin contratos. Sin perjuicio. Sin pruebas. Con sentencia.
El criterio no está en disputa: lo que está en disputa es a quién se le aplica.
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